Dio por prescriptos los delitos por los que fueron condenados tres hombres hasta 35 años de prisión ya que se superó el plazo sin que se resuelva la firmeza. Son los autores del brutal crimen de una anciana en 2004 que sacudió la estructura institucional de Mar del Plata.
Un ex policía y dos de sus cómplices que habían sido condenados en el año 2007 por el homicidio de una anciana recuperaron su libertad en las últimas horas al interpretarse que los delitos estaban prescriptos.
En un fallo de alta relevancia judicial, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense adhirió al criterio de la Corte Suprema de la Nación y entendió que si una condena no está firme se la tiene que dar por extinguida –en realidad el delito- cuando se cumple un plazo de 12 años de dictada o el total que prevé el Código Penal.
El beneficio recayó sobre Ariel Villafañe, Juan Alonso y el ex policía Mario Iturralde, quienes fueron considerados autores del asesinato María Eugenia Duobourg de Viera (85), ocurrido el 25 de noviembre de 2004. Este caso tuvo un altísimo impacto institucional debido a que el teléfono de uno de los delincuentes estaba intervenido por una investigación anterior y se pudo escuchar en tiempo real el brutal asalto. A partir del hecho fue intervenida la policía de Mar del Plata hasta su normalización meses después.
Tapa del diario LA CAPITAL en la que se refleja lo que causó el hecho junto a otra serie de episodios.
El fallo judicial de la Suprema Corte no alcanzó a los otros dos condenados por el caso, Germán Alonso y Cesáreo Aguirre, ya que estos dejaron de apelar.
En mayo de 2007 el Tribunal Oral N°1 impusó a Villafañe una pena de 30 años de prisión, a Iturralde 35 años, a Juan Alonso 33 años, a Germán Alonso 20 años y a Aguirre 25 años.
Con distintos argumentos, las defensas de Villafañe ((representado en la actualidad por la abogada marplatense Lucía Boggio), Iturralde y Juan Alonso apelaron el fallo y en el año 2013 el Tribunal de Casación Penal redujo las penas: para Villafañe pasaron a ser 23 años, mientras que para Iturralde y Alonso bajaron a 25 años de prisión.
Esto fue apelado por al Ministerio Público Fiscal y las condenas se mantuvieron sin tener estado de firmeza, de modo que ahora la Suprema Corte, al resolver se vio impedida de mantener su criterio, aquel que decía que la revisión de un fallo interrumpía el curso de la prescripción. Es que en diciembre de 2019 la Corte Suprema de la Nación, en una causa por homicidio culposo, entendió que debía tomarse como última fecha de interrupción al de la sentencia original.
Vale decir que si un delito está prescripto no se puede fallar sobre él y el plazo máximo de prescripción es el del máximo de la pena que se pueda aplicar o de 12 años si las penas son superiores.
En este caso, se superaron los 12 años y la Suprema Corte lo atribuyó al excesivo tiempo que la revisión de la condena original estuvo en Casación. “No puedo pasar por alto que gran parte del tiempo consumido en estos obrados -casi seis años, la mitad del plaza de prescripción- fue producto de la intervención que le cupiera a la Sala I del Tribunal de Casación Penal a pesar de varias solicitudes de pronto despacho efectuadas por el señor fiscal ante esos estrados”, dijo el juez Eduardo De Lazzari.
En definitiva, la Suprema Corte resolvió la extinción de la acción penal de los delitos de asociación ilícita, robo doblemente calificado y homicidio en ocasión de robo. De ese modo, ordenó la libertad inmediata de los tres condenados.
Un caso resonante
El 27 de octubre de 2004 se produjo un asalto con armas de fuego en una estancia de Vivoratá. Los ladrones se llevaron un teléfono celular que luego siguieron usando y que el fiscal del caso, Gustavo Fissore, decidió intervenir. Así fue como se logró escuchar en tiempo real las comunicaciones y el 25 de noviembre esas llamadas ubicaron a la banda en la zona de Falucho al 1600. Pese a que se distinguían gritos o referencias a un hecho violento, la policía prefirió esperar a que los ladrones salieran. Entonces se produjo un tiroteo que acabó con la detención de dos de los delincuentes. Otros dos fueron detenidos esa noche y el último durante un allanamiento.
Cuando la policía subió al departamento para socorrer a la víctima del robo se encontró con qué había sido asesinada. La no interrupción del robo fue reprochada y costó el puesto a todos los jefes de la policía de Mar del Plata.
Fue nombrado interventor de la Jefatura Departamental, el comisario inspector Daniel Rago, tras un encendido reclamo político del entonces intendente Daniel Katz.